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JUSTICIA

Acusaciones en mi contra sin pruebas reales

Durante los últimos 9 años, fiel a mi posición como servidor del Estado, he soportado estoicamente ataques, descalificaciones, falsedades y manipulaciones muy graves contra mi persona y mi actuación como responsable de los servicios de inteligencia de Venezuela.

En el año 2008, la revista Semana de Colombia publicó un reportaje basado en la documentación encontrada en la computadora de Raúl Reyes, miembro y jefe de la guerrilla colombiana, en la que se me acusaba de supuestos vínculos con las FARC.

El artículo de prensa usó fuentes anónimas para sustentar las denuncias las cuales motivaron que mi nombre fuera incluido en la lista OFAC, sanción administrativa del Departamento del Tesoro Norteamericano anunciada el 9 de diciembre del 2008.

Las menciones en aquel computador del jefe de las FARC tienen un carácter netamente anecdótico sobre mi participación en el rescate de varios secuestrados en territorio colombiano, estando entre los casos más sonados el del empresario Richard Boulton, para el cual fui comisionado por el presidente Chávez en pleno acuerdo con el presidente de Colombia Andrés Pastrana.

Además del carácter tendencioso y poco veraz del reportaje de Semana, se suma que en la incautación del computador de Reyes fue violada la cadena de custodia y, en consecuencia, en el año 2011 la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia de Colombia dictó sentencia calificando la documentación hallada en el citado ordenador como prueba ilícita y por tanto nulas y sin valor jurídico alguno, al igual que todos los elementos probatorios de ella derivados. Su uso como base para mantener una acusación o un procedimiento en cualquier país es un delito, por lo que el Departamento del Tesoro tiene evidencias suficientes para retirarme de la lista OFAC.

El 8 de marzo de 2011 y posteriormente el 16 de mayo de 2013, nuevamente fui objeto de descalificación judicial sin pruebas. Para estas fechas fueron presentados ante la Corte Federal Sur de Nueva York y La Fiscalía Federal del Distrito Sur del Estado de Florida respectivamente, dos acusaciones sobre presuntos vínculos con el narcotráfico, los cuales motivaron la apertura de causas penales contra mi persona, centradas exclusivamente en la presunción de cooperación para exportar narcóticos a USA, estos presuntos delitos están siendo investigados.

Solicitud de investigación ante la Fiscalía General de la República de Venezuela

El 23 de febrero del 2017 el Diputado Carvajal se dirigió por iniciativa propia a la Fiscalía General de la República para solicitar ser investigado acerca de una serie de acusaciones falsas a su persona sobre terrorismo y narcotráfico.

El Diputados solicitó al Ministerio Público una medida dirigida tanto a la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York, como a la de Florida, e igualmente a la Oficina de control de activos del Departamento del Tesoro –para obtener los expedientes e investigaciones existentes en su contra, a los fines de asumir plenamente su derecho a la defensa y al debido proceso. Solicitó también que se abriera una investigación y se designara un fiscal para atender las acusaciones que se le imputaron.

Se ha violado mi derecho a la defensa

Carvajal señaló al visitar la sede del Ministerio Público que se ha violado su derecho a la defensa al negársele el acceso a los expedientes que cursan en las fiscalías estadounidense.

 “No conozco formalmente sobre que se me acusa. Mis abogados no han tenido acceso al expediente. Una jurisdicción que acusa sin permitir ver las pruebas de cargo no puede ser “garantista”. Así son los procesos en Estados Unidos. Son ellos los que no me dejan defenderme, ya que no exhiben las pruebas que dicen tener para poder contrarrestarlas.

“Mi equipo de abogados ha solicitado información ante el Departamento del Tesoro en tres oportunidades y no ha obtenido respuesta. ¿Cómo puedo defenderme si no me dan acceso al expediente?”

En vista de esta situación, a través de un Comunicado Público el Diputado Hugo Carvajal solicitó al Departamento del Tesoro de los Estados Unidos eliminar la sanción impuesta en el año 2008.

El Diputado hizo una invitación formal a las autoridades estadounidenses: Estoy dispuesto a colaborar en cualquier investigación de instancias judiciales competentes de Venezuela que me involucren directamente en Estados Unidos o cualquier otro país, siempre y cuando se realicen de manera imparcial, transparente y con respeto a los principios y derechos que informan el ordenamiento jurídico y garantías procedentes. “No tengo nada que ocultar” añadió.

Mi deber de sigilo

La naturaleza del trabajo de inteligencia es de una alta complejidad. Las actuaciones de investigación requieren un extremo sigilo alrededor del cual se generan especulaciones y se tejen complejos entramados a los que, en su mayoría, no se puede dar respuestas públicas ya que incluso, pudieran ocasionar, conflicto de estado con graves consecuencias para las relaciones internacionales.
Las actuaciones de los funcionarios de inteligencia, como es mi caso, afectan innumerables intereses y a personas dentro y fuera del país, ello genera un permanente conflicto y ataques provenientes de diversos actores que se sienten vulnerados y amenazados. Así que, hasta cierto punto, nos acostumbramos a ser atacados por nuestras actuaciones y en la mayoría de los casos no nos podemos defender.

Lo que quiero decir es que hay respuesta para cada una de las imputaciones que se me hacen que no he podido hacer públicas antes, ni tampoco ahora, porque forman parte de asuntos clasificados de Estado. Mantengo mi deber de sigilo aun a sabiendas de que sin este podría demostrar mi inocencia, de ahí la complejidad de mi defensa.

Lo que quiero decir es que hay respuesta para cada una de las imputaciones que se me hacen que no he podido hacer públicas antes, ni tampoco ahora, porque forman parte de asuntos clasificados de Estado. Mantengo mi deber de sigilo aun a sabiendas de que sin este podría demostrar mi inocencia, de ahí la complejidad de mi defensa.

ARUBA: Una detención arbitraria

Hechos

El 8 de marzo de 2011 la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York presentó una acusación sellada ante la corte federal de ese distrito. La Fiscalía estuvo representada por Pret Bharara. El mismo día la corte emitió la orden de arresto, bajo la orden del honorable Juez Magistrado, Kevin Nathaniel Fox.

El 16 de mayo de 2013 la fiscalía del Distrito Sur de la Florida presentó la acusación sellada ante la corte federal de ese distrito. La fiscalía representada por Wilfredo A. Ferrer, Adam Fels y Richard Gregorie. El mismo día la corte emitió la orden de arresto, bajo la dirección del Secretario de la corte, Steven M. Larimore.

El 4 de julio de 2014 la Oficina de Asuntos Internacionales de la División Criminal del Departamento de Justicia de los EEUU, dirigida por Mary Ellen Warlow, envió una solicitud de arresto provisional con intención de extradición en mi contra al Ministerio Público de Aruba bajo la dirección del Procurador General Marc van Erve.

UNA DETENCIÓN ARBITRARIA

El día 23 de julio de 2014, cuando ingresé a Aruba destinado como Cónsul General de la República Bolivariana de Venezuela en Aruba, tal como se comprueba en la Gaceta Oficial 40.335 del 16 de enero de 2014 y en la misiva del exequatur recibida por El Reino de los Países Bajos en fecha 28 de enero del 2014, fui detenido por las autoridades policiales de Aruba, quienes desconociendo mi estatus de diplomático, alegaron que su actuación estaba basada en una solicitud de orden de arresto hecha por el Gobierno de los Estados Unidos de América.

Sin embargo, después de cuatro (4) días de mi detención la solicitud formal de extradición no fue finalmente remitida por los requirentes, ni siquiera comprobaron con los mínimos elementos formales para fundamentar una acción de tal envergadura en mi contra, y fue totalmente carente de elementos de convicción o indicativos de que mi persona haya incurrido o participado en ilícitos con algún grupo criminal.

Por otra parte, el Reino de los Países Bajos cumplió ilegalmente la orden de detención en mi contra, ya que lo hizo sin considerar la inmunidad diplomática que gozaba para ese entonces. No fue sino luego de las diligencias diplomáticas realizadas por el gobierno de Venezuela durante cuatro (4) días, que reconoció el estatus diplomático que ostentaba en ese momento, y procedió con mi puesta en libertad.

Por tal razón, es importante recordar parte del ordenamiento jurídico internacional, como la Carta de San Francisco de 1945 la cual es considerada la Carta Magna del Derecho internacional contemporáneo. Esta es la norma que regula las reglas más elementales de la vida en la comunidad internacional. En ella se encuentran los principios fundamentales que deben regir la relación entre los Estados. De entre ellos destaca en su artículo 2.7 el conocido como principio de no intervención, donde se expone que “Ninguna disposición de esta Carta autorizará a las Naciones Unidas a intervenir en los asuntos que son esencialmente de la jurisdicción interna de los Estados”. En él se estipula de manera imperativa que los Estados deben abstenerse de injerir en los asuntos internos de otros Estados, y mucho menos desplegar sus poderes para interferir en la vida política de otros miembros de la comunidad internacional, ya que de producirse se estaría vulnerando la soberanía nacional.

En mí caso, desde la jurisdicción norteamericana se está produciendo una vulneración de las garantías fundamentales que privan en un debido proceso, invadiendo soberanías a través de los órganos jurisdiccionales y las autoridades ejecutivas norteamericanas; revisando, incluso, actuaciones de la propia justicia venezolana, sin más argumento del supuesto sesgo ideológico de sus resoluciones.

Además, las acciones que se desplegaron por parte de los funcionarios que para la época actuaron en nombre de los Estados Unidos de Norteamérica, tanto aquellas judiciales, a través de investigaciones secretas de la Fiscalía, como aquellas administrativas, con la inclusión de autoridades venezolanas en la denominada Lista OFAC, no ha tenido en cuenta la inviolabilidad y la inmunidad de jurisdicción y de ejecución de esas personas, prerrogativas reguladas en la Convención de Viena de 1961 sobre Relaciones Diplomáticas.

El manejo comunicacional de mi detención en Aruba por parte de algunos periodistas de la prensa nacional supuso una condena a priori de mi causa. Hubo un manejo irresponsable de la noticia, se publicaron informaciones falsas que generaron un daño irreparable a mi honor y reputación, razón por la cual, en octubre de 2016, introduje una demanda por difamación agravada continuada a varios periodistas ante los organismos de justicia de Venezuela, como un llamado de atención a el ejercicio responsable de su profesión. Al día de hoy, muchos atendieron este llamado y tenemos relaciones cordiales y profesionales, otros lamentablemente decidieron continuar violando el Código de ética que les rige.