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El Estado venezolano está llamado a defenderse de las sanciones de USA

  • 3 Septiembre, 2017

Por Hugo Carvajal Barrios

Domingo, 03/09/2017

En América Latina, en el período de postguerra, las sanciones judiciales y económicas extraterritoriales, han sido una de las fórmulas más eficientes que el gobierno estadounidense, devenido en arbitro y vigilante mundial, ha usado para desestabilizar a gobiernos que representen una amenaza a la expansión de sus intereses públicos y privados en la región y una formula exitosa para lograr el derrocamiento de gobiernos legítimamente constituidos. Sin embargo, en medio de una flagrante arrogancia, en épocas de revolución, las sanciones usadas como mecanismos de presión han sido menospreciadas y subvaloradas por muchos.

La escalada sancionatoria de USA sobre nuestro país se inició por el 2008 apenas una década luego que la revolución arribara al gobierno. Desde entonces Estados Unidos ha desplegado acciones judiciales y ejecutivas a través de las que ha incluido a funcionarios públicos venezolanos en listas negras sin control judicial alguno, aplicando sanciones que no responden más que al criterio unilateral y arbitrario del Poder Ejecutivo de ese país, dejando en absoluta indefensión a quienes sufren las consecuencias de esta arbitrariedad coactiva que solapa otras intenciones que nada tienen que ver con la justicia y que da cuenta de la animadversión del gobierno del norte frente a un Estado que no se alineó acomodaticiamente a sus intereses, sino que defendió su soberanía en el marco de un proyecto revolucionario visionario endógeno que promulgaba la libertad e independencia de los pueblos de América.

Lejos de ser una sanción personal, de quienes fuimos el blanco perfecto para torpedear a la revolución. ¿Qué se hizo entonces? ¿Cuál fue la reacción del Estado para defenderse de la retaliación? Pues bien, muchos la desestimamos, craso error, porque hoy, ya suman 50 los funcionarios sancionados incorporados en esa lista negra, incluso el Presidente de la República, a quienes le limitan el margen de maniobra para superar la grave crisis económica y social que sufre el pueblo de Venezuela.

¿Quiénes pierden con las sanciones? ¿Es verdad que sólo afectan al gobierno? ¿Es correcto desestimarlas y hasta celebrarlas en medio de un discurso antimperialista y populista?

Lejos de ser una medida arrogante del gobierno norteamericano, la sanción tiene un enorme impacto que conviene sopesar y a la que hay que dar una respuesta contundente basada en el orden jurídico internacional. Requiere también una defensa unida y férrea para evitar sus consecuencias, pues supone un enorme daño al país, el asfixiar su economía bloqueando la entrada de divisas, y estableciendo límites a las negociaciones internacionales, afectando con ello al sector privado y a todos los venezolanos, especialmente a la clase social más desposeída cuyo acceso a la alimentación y a la salud, por nombrar tan solo dos de los más angustiantes problemas que hoy vivimos, no podrán solucionarse.

El Estado Venezolano está en el deber de asumir una férrea defensa de su soberanía también en el ámbito de la jurisdicción internacional toda vez que las acciones judiciales tomadas por EEUU, especialmente las referidas a la lista OFAC contravienen los principios de la Constitución Norteamericana y de la mayoría de las cartas magnas a nivel universal porque incrimina a las personas violando el debido proceso y el derecho a la defensa. Es violatoria también del principio de doble instancia al no haber procedimientos que permitan ser revisada por un órgano superior” y más allá de eso, también ha originado una afectación a la reputación del Estado, el cual, al limitarle su margen de acción gubernamental, ha ocasionado el agravamiento de la crisis social y económica que viven millones de venezolanos a quienes se les está violando su derecho a la vida.

Por tal razón, es nuestro deber apoyar al Estado para dar comienzo a un proceso de denuncia ante la Corte Internacional de Justicia de Naciones Unidas por la violación flagrante del principio de “No injerencia” que de manera continuada ha realizado el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos de América.