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¿Justicia gringa?

  • 20 Agosto, 2017

Por: Hugo Carvajal Barrios

Agosto, 20/2017

En los últimos años, Estados Unidos ha desplegado contra Venezuela todo un arsenal de herramientas de injerencia con una finalidad claramente política. Cada una más novedosa que la otra, pero todas centradas en una sola forma, la jurídica. Para ello ha desarrollado una variada gama de opciones dentro de su territorio contra ciudadanos venezolanos que claramente desborda su propia jurisdicción. Por supuesto siempre le acompaña el uso de grandes campañas comunicacionales para desprestigiar a sus objetivos.

En este orden de ideas, ha incluido a funcionarios venezolanos en la lista de sanciones de la OFAC sin control judicial alguno y ha aplicado sanciones extraterritoriales que no responden más que a un criterio unilateral y arbitrario del poder Ejecutivo. Dejando así, en absoluta indefensión a quienes hemos sufrido las consecuencias de estas arbitrarias maniobras político-jurídicas.

Con toda la responsabilidad, y sin ser un experto del derecho, me atrevo a escribir unas palabras sobre lo que he tenido que aprender a lo largo de los años, luego de haber sido uno de los primeros inculpados y afectados de esta persecución política de los EEUU contra funcionarios venezolanos, sobre la justicia norteamericana. Hago énfasis en mi caso, ya que es sobre este que tengo bases para hablar.

El fondo jurídico de esta situación lo encontramos en la carta de San Francisco de 1945, la cual es considerada la carta Magna del derecho internacional contemporáneo. Es la norma que regula las reglas más elementales de la vida en la comunidad internacional, en ella se encuentran los principios fundamentales que deben regir la relación entre los Estados, entre sus artículos destaca el 2.7 sobre el conocido principio de no intervención donde expone que “ninguna disposición de está carta autorizará a las Naciones Unidas a intervenir en los asuntos que son esencialmente de la jurisdicción interna de los Estados”. En este, se estipula de manera imperativa que los Estados deben abstenerse de injerir en los asuntos internos de otros Estados, y mucho menos desplegar sus poderes para interferir en la vida política de otros miembros de la comunidad internacional, ya que de producirse se estaría vulnerando la soberanía nacional.

En nuestro caso, desde la jurisdicción norteamericana se está produciendo una vulneración del principio de no intervención, invadiendo la soberanía nacional de Venezuela a través de los órganos jurisdiccionales. Las autoridades ejecutivas norteamericanas, han revisado incluso actuaciones de la propia justicia venezolana, sin más argumento que el sesgo político de sus resoluciones. Sin lugar a dudas puedo afirmar que las acciones desplegadas por los Estados Unidos de América contra la República Bolivariana de Venezuela son dignas de ser sometidas a la consideración de la Corte Internacional de Justicia en forma litigio.

Por otra parte, en el derecho aceptado por la mayoría de los países, existen principios universales como los contenidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948. Específicamente, en su artículo 11.1 de la establece que: “toda persona acusada de un delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras que no se pruebe su culpabilidad conforme a la ley y en juicio público en el que se hayan asegurado todas las garantías necesarias para su defensa”. Así mismo, indica en su artículo 10 que: “Toda persona tiene derecho, en condiciones de plena igualdad, a ser oída públicamente y con justicia por un tribunal independiente e imparcial, para la determinación de sus derechos y obligaciones o para el examen de cualquier acusación contra ella en materia penal.”

El acceso a la justicia en los EEUU es sumamente difícil por no decir imposible, en lo particular, he solicitado información en tres oportunidades sobre lo que me acusa el departamento del tesoro americano para incluirme en su lista, como corresponde según el cumplimiento del derecho a la defensa, pero en todas las veces me ha sido denegada toda información. De manera similar, en cuanto a las acusaciones que han presentado en mi contra las fiscalías de Nueva York y Florida, en 2011 y 2013 respectivamente; ambas cortes han librado ordenes de captura sin siquiera haber permitido acceder al expediente que permita llevar a cabo una legítima defensa. Violando así la presunción de inocencia, el debido proceso y el derecho a la defensa. Además y más grave aún, estas cuestionables y carentes investigaciones constituyen la vía para incluir a sus perseguidos en organismos de cooperación internacional como Interpol.

A partir de ese entonces, y sin las más mínimas contrastaciones, se ha difundido la tesis que me relaciona con delitos de narcotráfico y terrorismo sin que jamás se hayan aportado pruebas de tal vinculación. Las acusaciones que se me imputan son inconsistentes y carentes de todo sustrato probatorio. Así lo demostraré una vez que se me permita defenderme y sin la amenaza de una orden de detención internacional que obedece más a criterios políticos que jurídicos.

Finalmente, y hablo a título personal, siempre he estado dispuesto a colaborar en el esclarecimiento de la verdad, aquí y en cualquier parte del mundo. La única exigencia que he hecho es el respeto a los principios de presunción de inocencia, el derecho a la defensa y el debido proceso, que, en mi caso, han sido sistemáticamente vulnerados por las instituciones judiciales y políticas norteamericanas, en forma arbitraria y por tanto inaceptable en todo Estado de Derecho.

Ha llegado el momento de poner límites a las dependencias del poder ejecutivo de los EEUU, como la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro, la cual claramente vulnera los principios universales del derecho, en virtud que son el punto de partida de cuestionables y carentes acusaciones que pretenden hacer valer en organismos internacionales. Todo por un mismo fin, la pretensión de controlar el destino de otras naciones. Al servicio esta estrategia geopolítica es que hoy día se ejerce la justicia gringa.